En el Parlamento Vasco sufren de cuando en cuando raptos de exquisita sensibilidad y ahora la emprenden con una iniciativa dirigida a censurar el supuesto amparo que el Gobierno Central proporciona a los torturadores policiales.
Si tal amparo, complicidad, mirada distraída o lo que sea tiene algún viso de verosimilitud bienvenida sea la reprimenda, la tortura no es cuestión que se pueda tolerar en un estado que presume de ser democrático y punto.
Sin embargo los muy ilustres parlamentarios deberían echar un vistazo al Diccionario, con mayúsculas, para concluir que la acepción "tortura" tiene dos significados. El primero de ellos hace referencia a un "grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo", lo cual parece encajar con historias bastante oscuras, y las del cuartel de Inchaurrondo no han sido las menores. El segundo cita un "dolor o aflicción grande, o cosa que lo produce".
Ese Parlamento Vasco, ahora tan concienciado, es el mismo o por lo menos el continuador del que durante décadas ha escatimado, a salvo de declaraciones huecas, inconvincentes e inconvencidas, cualquier ración de reconocimiento o apoyo a personas que sin duda han padecido graves sufrimientos de todo tipo aplicados más como medio de castigo, ya que hay quien se siente legitimado para ello, que como vía para lograr confesión. Y qué decir, en cuanto a dolores o aflicciones, sobre la situación en la que fácilmente cabe encajar a todos cuantos, por no cerrar filas en torno a un "proyecto" vienen viendo amenazadas vidas y haciendas y ninguneadas sus opciones ideológicas, como mínimo tan legítimas como las de sus poco empáticos oponentes, y no han recibido sino el más indignante desprecio desde los partidos y asociaciones de todo tipo, el Gobierno Vasco y la mayoría nacionalista del Parlamento.
