Seamos diferentes

Sin entrar en el debate ético inherente a la cuestión . ¿No empieza a resultar preocupante que en cuestiones tan graves y trascendentes comiencen a sentarse diferencias entre autonomías? No sólo se trata de que se esté buscando un respaldo jurídico a un caso de eutanasia por parte de un simple órgano consultivo. Tras ello, ¿quién dará la orden de desconexión?¿quién la ejecutará?¿se han tenido en cuenta las consecuencias jurídicas ante un posible proceso judicial para quien avale, ordene y ejecute?¿alguien se ha parado a pensar en las posibles "migraciones" entre autonomías para practicar eutanasias?