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Ucronías

Los hay empeñados en que continúe la fiesta... Pero que paguen las copas otros, claro

 Extractado de una noticia aparecida en www.elconfidencial.com:

 "Los promotores piden que se evite la financiación de los Ayuntamientos con cargo a urbanismo", y junto a ello proponen algunas medidas adicionales:

 1.- El presidente de APCE, Guillermo Chicote, abogó por "reformar en lo necesario" la financiación de los ayuntamientos para que no se realice con cargo al urbanismo, "que es lo que han hecho desde hace años". Respuesta: un Munipio no caracterizado precisamente por su falta de actividad urbanística, como es el de Madrid, contempla las siguientes previsiones de ingresos en su presupuesto de 2007:

 .- Sobre un estado de ingresos de 1.424.828.342 euros en concepto de impuestos indirectos corresponden 321.537.326 euros a incremento sobre el valor de los terrenos (la plusvalía), que no supone un tributo puramente vinculado al urbanismo si bien se relaciona con la actividad de intercambio inmobiliario. Por cierto, en la mayor parte de los pactos privados se atribuye su abono a quien no tendría que soportarlo, el comprador, quien se coloca en la posición de sustituto del contribuyente legal, el vendedor.

 .- En igual apartado, corresponden a impuestos indirectos 228.333.238 euros, siendo de ello 146.300.000 euros correspondientes a impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

 .- Seguimos ahora con las tasas, de un total de 623.784.843 euros, 20.250.920 euros se corresponden con las tasas por licencias de obras y 3.008.980 euros, a otras prestaciones urbanísticas y a aprovechamientos urbanísticos 35.190.968 euros.

 .- En enajenación de inversiones reales 467.367.698 euros por venta de solares.

 .- El capítulo total de ingresos llega a los 4.777.747.781 euros, de los que por tanto podemos vincular a la actividad urbanística muy a grosso modo, sin 993.655.892 euros, alrededor de un 20%, debiendo considerar que: los ingresos por venta de solares son simplemente el pago un precio por un bien material y que el incremento sobre el valor de los terrenos no es precisamente un cargo a soportar por los promotores, de modo que si nos ceñimos a tasas por licencia, impuesto sobre construcciones, aprovechamientos urbanísticos y otras prestaciones urbanísticas nos vamos a una repercusión muy inferior sobre quienes tanto claman.

 2.- Chicote, que presentó propuestas para combatir la corrupción urbanística, apuntó la necesidad de "acabar con la discrecionalidad extrema que las leyes atribuyen a los ayuntamientos" y que en su opinión les permite conceder un "trato de excepción" a algunos promotores. Apunte: trato que normalmente es reclamado con el mayor descaro por los propios promotores como un automatismo. En cuanto a la discrecionalidad, probablemente sea mucho mayor la de los promotores a la hora de construir interpretando a su libre albedrío las licencias concedidas o presionando a sus arquitectos para que extraigan interpretaciones no ya extensivas sino muchas veces abusivas de la muy compleja normativa técnica y urbanística.

 3.- Entre las medidas propuestas por APCE destaca la revisión de "todas" las clasificaciones y calificaciones de suelo, con el objetivo de cambiar aquellas que sean "susceptibles de ser modificadas". Según los promotores, esta medida permitirá clasificar como urbanizable suelos que antes no lo eran "sólo por razones de oportunidad, pero sin justificación objetiva". Comentario: Sí, claro, cambiamos unas razones de oportunidad por otras, es decir, que los promotores "oportunamente" dispongan de la "oportunidad" de seguir laminando suelo (2 hectáreas por hora en todo el país, 48 al día; para los aficionados al deporte, la extensión de unos 50 campos de fútbol diarios se cementa al día en España). Por cierto, si se construyeron 800.000 viviendas en 2004, 850.000 en 2005 y 875.000 en 2006 y las necesidades reales del país (independización familiar, inmigración, crecimiento vegetativo, etc.) alcanzan las 400.000, ¿alguien puede afirmar sin que se le caiga la cara de vergüenza que falte suelo urbano o urbanizable?

 4.- APCE también solicita la agilización de la tramitación burocrática de las licencias urbanísticas para evitar "que nadie sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto". Al respecto: La agilidad es un deber que compete a todo funcionario público y es razonable y necesario que se exijan responsabilidades cuando se pretende percibir dádiva por un trato de favor; sin embargo la agilidad mejoraría mucho si los promotores no se dedicasen a entorpecer la labor administrativa con documentaciones incompletas o deliberadamente falseadas, interpretaciones insostenibles que sin embargo han de ser analizadas y contradichas o incumplimientos casi sistemáticos de la normativa más elemental.

 5.- Para mejorar la transparencia, los promotores también proponen publicar en Internet todos los informes que recaigan en los expedientes, tanto los favorables como los desfavorables, y evitar así el "secretismo tan querido por algunos funcionarios y autoridades". Perfecto, es justo, pero que también se publiquen junto a ellos relaciones detalladas de expedientes sancionadores o de disciplina urbanística incoados, así como los incumplimientos normativos o ausencias o alteraciones documentales  en las tramitaciones de licencias, prácticas tan caras al sector de la promoción, y para rematar la faena bien pudieran hacerse públicas las listas de quejas, reclamaciones y juicios por defectos en la construcción.

 6.- APCE exige asimismo que se apliquen, "con todo rigor", las leyes que sancionan las autorizaciones y licencias concedidas con infracción de reglamentos. También propone la inclusión en el Código Penal, como delito específico, la financiación de los partidos políticos obtenida "como retribución de favores de naturaleza urbanística". Correctísimo, y a la par que se trate con el mismo rigor a los promotores dadivosos, tan corrupto es el que da como el que recibe.

 7.- APCE insta a las Asociaciones Provinciales de promotores a introducir una norma deontológica que prevea la expulsión de las empresas cuyos directivos sean condenados por delitos de corrupción. Ja,ja, ja. Lo malo es que las condenas llegan tarde y mal y son pocas pero desde luego si los promotores se planteasen con rigor un código deontológico en el que se condenasen conductas de esa naturaleza que son del dominio público, pero que no han llegado a conocimiento de los tribunales, las sedes de las asociaciones de promotores iban a ser lugares muy solitarios.

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