Gravamen tal vez necesario pero...

Sin duda los apóstoles del libre mercado, la iniciativa privada y la propiedad sacrosanta pondrán el grito en el cielo, y no es para menos si uno se pone en su lugar.

Se está estudiando la posibilidad de gravar fiscalmente la existencia de viviendas desocupadas y ello no deja de tener su lógica, incluso desde el punto de vista de la pura racionalidad económica que tanto dicen defender los neoconservadores, ¿es acaso justificable en términos de productividad estricta tener inmovilizdos millones de inmuebles aguardando a que las plusvalías se generen por sí mismas hasta el fin de los siglos? De otra parte no es necesario reflexionar sobre la repercusión tan negativa que desde el punto de vista ambiental tiene la construcción imparable de viviendas sin previsión de uso ni mediata ni inmediata. ¡Ah! y por cierto, los inmuebles no siguen incrementando su precio de mercado indefinidamente conforme a la voluntad de sus propietarios: en economía comparada hay múltiples ejemplos de caída en picado de los precios inmobiliarios, tanto en circunstancia extremas (Argentina en los años 90) como de relativa estabilidad (Estados Unidos a finales de los 80 y primeros 90); e incluso hay ejemplos históricos (Roma o el desplome de precios de las "insulae" en diversas etapas) y ni siquiera España fue ajena a ello y para ejemplo un botón como el Madrid de los años setenta del siglo XIX: construcción masiva en el centro, precios que se triplican en un lustro, enorme recepción de inmigrantes para trabajar en la construcción, caramba, un escenario familiar, ¿no?; más tarde el mercado se satura y los precios se desploman, los prestatarios no pueden hacer frente a las hipotecas y una buena porción de las cajas de ahorro y montes de piedad quiebran o se encuentran en graves dificultades.

Volviendo a la propuesta de gravar las viviendas vacías, y suponiendo que se establezca un concepto razonable acerca de qué lo será y qué no, ¿se ha reflexionado acerca de los mecanismos para hacer la imprescindible comprobación? Cabe pensar en consumos energéticos, obligación de registrar los contratos de arrendamiento, simple y directa inspección, etc. Veremos qué ocurre si la idea sigue adelante a escala nacional pero cabe pronosticar conflictos jurídicos graves, que sin duda acabarán ante el Tribunal Constitucional, y la creación de una nueva burocracia de difícil gestión.